Hoy van por las obras sociales sindicales y algunos hasta aplauden… mañana van a ir por los sindicatos y el régimen termina por estalinizarse.
Cuando hace ya casi cinco años atrás decíamos que el régimen se estalinizaba pues no aceptaba la oposición política, a la que desmembraba cotidianamente, algunos se burlaban; hoy van por las obras sociales -casi $30 mil millones anuales- con un afán recaudatorio voraz y existen sectores sociales que creen que es un logro de Cristina. Lo realmente peligroso y que muchos no ven es que el siguiente paso es ir por el sindicalismo y los sindicatos para terminar de borrar al arco opositor.
El casi seguro horizonte de una Cristina reelecta por el período 2011/15 termina de cerrar el círculo ideado por Néstor en 2003 cuando inició un pertinaz y permanente desmembramiento del arco político opositor argentino, luego de consolidar el poder del Estado deshecho por el menemismo y la posterior crisis de 2001, él y su consorte hoy presidente iniciaron una estalinización del poder para garantizarse la eternización y la obtención de la impunidad más acabada y absoluta sobre su autoenriquecimiento personal y el de sus testaferros y amigos. Este anhelo se cortó, aparentemente, con la muerte de Néstor el pasado octubre ya que la alternancia entre ambos que les garantizaba detentar el poder y el gobierno casi eternamente dejó de ser una variable.
Pero el sentir popular de opulencia impuesto desde el gobierno dio los frutos esperados y el futuro se muestra promisorio para el cristinismo más duro y puro, debiendo recalcar que con la connivencia de los propios errores y falta de propuestas de una oposición ganada por un afán de personalismo desmedido y un sentimiento de falso protagonismo. Así estamos llegando a transitar un camino que hace apenas un año atrás -antes de la desaparición de NCK- parecía casi imposible, ya que la imagen negativa de ambos cónyuges superaba con creces el 70% y si bien la oposición no encontraba un candidato que nuclease claramente las preferencias del electorado, ésta igualmente parecía que se encaminaba a romper con aquel designio preconcebido por el tándem gobernante.
La combinación de crecimiento, consumo y promesa de estabilidad -medidas sociales de impacto en los sectores más pobres- además de una épica recuperada después de la crisis de 2001, propagandizada por el cada vez más grande aparato de propaganda oficial -algo casi nunca visto antes- minimizaron el costado oscuro del modelo: alta inflación, focos rampantes de corrupción y una nítida tendencia autoritaria; la decisión popular terminará por ser indiscutible -no importa ni el fraude ni los rezongos- lo que no se debe expresar es el desprecio al sentido (equivocado o no) que el pueblo le da al voto. Hacerlo como Fito es un verdadero despropósito e intentar emparentarlo con lo que dijo Biolcatti es negar las simplezas de lo que con mayor autoridad expresara hasta el mismo juez federal Blanco y las apreciaciones de los economistas y analistas políticos, y hasta lo expresado en el encabezado de éste mismo párrafo.
El cristinismo se prepara para después de octubre, ya que su naturaleza no se ha modificado y los resultados obtenidos en las PASO los alientan a definiciones que le imprimen al gobierno un sesgo ideológico más definido, aún mientras el tembladeral en que se ha convertido la economía y las finanzas mundiales, con efectos que más temprano que tarde, llegarán a nuestras playas, les aconseja lo contrario. Ellos irán por estirar el horizonte más allá de 2015, límite constitucional al mandato de CFK, para eso “ellos” necesitan recuperar el control del congreso o en su defecto apoyándose en los talibanes juveniles impuestos en las listas de candidatos nacionales y la chequera lograr bordaberrizar -borocotizar- las cámaras legislativas para imponer una modificación constitucional.
Sobre este sistema el cristinismo buscará avanzar además sobre otros escenarios siendo, quizás el primero, el de “reformular el actual sistema de obras sociales” con un doble objetivo: concentrar en el Estado -o sea en su propio poder y para su apropiación- la caja de unos $30 mil millones anuales o sea U$S 7,5 mil millones que hoy van a las cajas de las obras sociales sindicales -obreras y empresarias- debilitando asimismo el poder sindical; este proyecto se complementaría con otro simultáneo de “reforma de la ley de asociaciones profesionales” que permitiría y ampliaría la participación de las minorías en esas asociaciones gremiales diluyendo aún más el poder de los sindicatos al incorporar -con la excusa de la democratización gremial- a sectores minoritarios y por lo general de sectores de la ultra izquierda más combativa y vernácula, donde el Estado cristinista piensa asentar una de las patas de la nueva forma de confrontación y debilitamiento del poder peronista en la política nacional.
Este verdadero ataque al poder sindical argentino -algo que mucha clase media progresista vería con muy buenos ojos y aplaudiría- lleva aparejada como contrapartida negativa o “efecto/daño colateral” la sumisión sindical argentina al poder político de turno, que de ser republicano y democrático serio podría hasta arrasar con la corrupción existente en muchos de estos sectores sindicales, hoy convertidos en sectores empresarios que han terminado por desvirtuar su propio sentido de existencia; pero que ante un Estado corrupto y estalinizante como el actual, o un Estado neoliberal como el de los 90 del siglo pasado o socialiberal como el de la Alianza del 99 y su deformación al populismo berreta o de fin de ciclo como el actual terminaría por barrer con el sistema sindical con poder de negociación y de defensa de los afiliados, para pasar a ser apenas un apéndice del poder concentrado del Estado/gobierno estalinizado y absolutamente cooptado por éste.
Los sectores más fundamentalistas del cristinismo -aquellos amparados por Zannini y la misma CFK- incluso impulsan una reforma muy profunda que termine separando definitivamente el patrimonio de las obras sociales del de los sindicatos; todas estas versiones -muy creíbles y de muy buena fuente- indican con claridad que de obtener un triunfo importante el 23 de octubre el tema de los sindicatos y las obras sociales está entre las prioridades de la agenda presidencial. El borrador que ya circula en el ámbito presidencial y elaborado por los sectores juveniles y más talibanizados de La Cámpora vinculados al Ministerio de Economía -y al futuro vicepresidente, el neoliberal converso al neo populismo de fin de ciclo- contempla básicamente que los aportes y contribuciones que hoy van a las obras sociales pasen a la “caja” del Estado, y que sobre esa base se forme un “superorganismo oficial de salud” que sea quien regule y contrate los servicios médicos, algo parecido a lo que sucede con el PAMI que todos sabemos cómo funciona y con cuantas carencias, ineptitudes e incapacidades cumple con el servicio hacia los jubilados y pensionados nacionales. Todo ello muy alejado de un servicio de salud como el ideado y puesto en práctica por Ramón Carrillo durante el gobierno peronista de los 50 del siglo pasado.
En este esquema las obras sociales que cuentan con clínicas, sanatorios y farmacias podrían ser contratadas o no, por el nuevo “ente” oficial como cualquier prestador privado, generando una discrecionalidad donde el Estado/gobierno pueda aplicar premios y castigos hacia quienes considere sus amigos o enemigos, o a quienes no se dobleguen ante sus imposiciones. Pero así como cuando se implementó la estatización de las AFJP aplaudimos la medida por lo que implicaba filosóficamente -la recuperación de los aportes jubilatorios y del sistema solidario de reparto- nos preocupaba lo que podía suceder con esos fondos reestatizados, algo que luego se vería que en lugar de servir para mejorar y dignificar los ingresos de nuestros abuelos (o cumplir con los dictados justicieros aplicados por nuestra justicia) o por lo menos ser aplicados a colaborar con el financiamiento de investigación y desarrollo de tecnologías de punta que nos colocase a la vanguardia como mínimo de la región, se aplicaba a planes populistas de financiamiento al consumo que generaran una sensación falaz de opulencia.
Esta iniciativa tiene como segunda intención -y no menos importante que la otra- el buscar “reforzar las muy alicaídas finanzas públicas” permitiendo hacer frente a los desfasajes económicos y financieros producidos por esta política económica (modelo) populistas de falsa opulencia, donde aumenta el gasto público casi el doble de lo que aumenta la exportación y el saldo de la balanza comercial se achica debido a que las importaciones cada vez están más cercanas a las exportaciones, a lo que se sumaría el muy posible impacto de la crisis internacional cada vez más presente y con vistas de crecer y no disminuir. Pero además el Gobierno con esta medida daría “por cancelados” los $6 mil millones -U$S 1,5 mil millones- adeudados a las obras sociales por el remanente no repartido, como hubiere correspondido legalmente, del Fondo de Redistribución y que hasta la misma CGT oficialista viene reclamando cada vez más insistentemente; como vemos aquello que se pretendería presentar como una “mejora” o “un progreso” del sistema de salud esconde dos verdades absolutamente antipopulares en el verdadero y buen sentido del término, porque ataca el principio básico de la justicia, la equidad y el “ascenso social” del que habla la doctrina peronista y se asemeja a lo que proponen tanto el neoliberalismo globalizado y el socialiberalismo de la Tercera Vía europeizante.
Se va a intentar “engatusar” al pueblo -y en especial a la clase media progre- con que de esta manera se suprimiría a un “mero intermediario que se limita a recibir aportes y contratar profesionales y clínicas privadas” ya que muchas de las OS no cuentan con infraestructura propia, asimismo se sostendrá falazmente que las OS están salpicadas por casos de corrupción -ocultando que donde esto ocurre es por la “complicidad” como mínimo, cuando con la intervención directa del propio Estado/gobierno- que este nuevo sistema cortaría de raíz; y que el sistema está “tironeado” por las empresas de medicina prepaga privadas que se llevan los aportes de los empleados de mayores ingresos -”descreme”- algo que además está sucediendo hasta con los propios jubilados afiliados al Pami por la precariedad con que el Estado/gobierno gerencia éste organismo de la Seguridad Social y que fuere ejemplo mundial en épocas en que el Estado estaba supeditado al republicanismo democrático más serio de períodos donde imperaba la ley y la verdadera división de poderes y donde los organismos de control del Estado estaban en manos de la oposición política.
Los fondos de la ANSES, las reservas del BCRA, los excedentes del PAMI -causa primordial de la precariedad de la que acabamos de hablar-, y ahora la plata de las obras sociales son los “recursos que este modelo cristinista” utiliza para cubrir la insuficiencia de recursos que desfinancian la caja del gobierno, cualquier caja es tentadora, transitoria para obtener plata prestada a muy bajo o nulo interés a cambio de colocar algún bono del Estado, o definitiva; así es como cada vez más organismos públicos van cambiando sus activos líquidos por “papeles” -deuda interna a futuro quizás incobrable, o desfinanciamiento total y cierto de dichos organismos (ANSES, BCRA, etc.)- que los acreditan como acreedores “especiales” del Tesoro Nacional. “Especiales”, simplemente, porque no fijan condiciones ni exigencia alguna que los pongan a resguardo de un muy archiconocido “pagadiós” tan repetido en otros períodos de la vida nacional por los argentinos.
Además, detrás de este esquema financiero y prestacional está el propósito de la Casa Rosada y de los jóvenes más fundamentalistas -”talibanizados al extremo”- del cristinismo de debilitar, hasta poner de rodillas, el poder económico y político de los sindicatos mayoritariamente peronistas de cara a la “nueva etapa” implicada en la reelección de CFK, y que muestra con claridad aunque se pretenda barrer bajo la alfombra por lo menos hasta las elecciones del próximo 23 de octubre que por las deficiencias del propio “modelo” y sus desajustes acumulados: inflación altísima de más del 20% anual, tarifas subsidiadas con más de $75 mil millones -U$S 19 mil millones- anuales y en franco crecimiento, déficit fiscal cuasi descontrolado y retraso cambiario muy notorio; y la llegada inexorable de la crisis internacional hoy golpeando a las economías del Primer Mundo -EEUU y Europa- el Gobierno de CFK requiere concentrar aún más el poder y las finanzas para implementar las medidas que, en cada momento, estime convenientes, sin que puedan ser cuestionadas o peleadas por los sindicatos obreros.
Se volverá a repetir, aunque en otra escala, el planteo que llevó a estatizar los fondos de las AFJP y que muchos aplaudieron sin considerar el “por qué”, pero, esta vez, no apuntando al “poder financiero” que realmente esquilmaba a los aportantes, sino al poder sindical y por carácter transitivo al pueblo argentino, ya que más allá de reconocer las inmensas falencias de nuestra dirigencia sindical -corrupción mafiosa, explotación obrera por delitos como la tercerización, etc.- el debilitamiento del sistema sindical argentino redundaría indiscutiblemente en mayor desprotección obrera ante las patronales y el sistema capitalista globalizado e internacionalizado, ese mismo capitalismo que ha provocado la crisis iniciada en 2007 con la burbuja inmobiliaria estadounidense, amplificada con la caída de Lehman y ahora profundizada con la cuasi quiebra de Grecia, Irlanda, Islandia, Portugal y el deterioro de las economías de España, Italia y la Gran Bretaña, sumado al crecimiento nulo de EEUU y a la desaceleración generalizado del crecimiento de los países emergentes del BRICS -Brasil, Rusia, India, China, Corea y Sudáfrica- y que sigue pretendiendo que la paguen los pueblos, ajustes mediante, y no ellos.
Aunque proviene del propio oficialismo que dice “querer profundizar el modelo” -el progresismo socialiberal-, es entre los empresarios donde la iniciativa tiene el mayor apoyo, ya que dicen que de esta manera “nivelan” el poder de los sindicatos algo que debería preocupar a cualquier gobierno “nacional y popular” que sea verdaderamente serio y nacional y popular, pero como el régimen cristinista es un régimen absolutamente socialiberal que discursea por izquierda y gobierno con medidas del más puro concepto liberal en lo económico, no sólo no lo preocupa sino que lo postula como una medida política de altísimo impacto pues de esta manera logra dos objetivos fundamentales para su afán de concentración casi absoluta y absolutista del poder -democracia imperial-, la primera es hacerse de una muy importante caja cercana a los U$S 9 mil millones durante el 2012 y la segunda es desembarazarse de la posible oposición de los gremios peronistas terminando por debilitar a este sector político del que no se sienten parte y del que pretenden desembarazarse lo más rápidamente posible.
Las presentes exigencias del Consejo del Salario Mínimo, donde el Gobierno impuso el techo de $2.300 como salario mínimo, vital y móvil contra los $2.600 pretendido por la CGT, recortándole un 12% a las exigencias cegetistas y acercándose a lo propuesto por las centrales empresarias, y donde por el momento no se han contemplado ni el aumento del seguro de desempleo anclado en las cifras de 2008, así como las de las asignaciones familiares y la eliminación de las escalas que hacen que éstas se hayan convertido en cifras realmente irrisorias; ni que hablar de aumentar el mínimo no imponible sobre el que se paga el impuesto a las ganancias y que termina por reducir drásticamente los salarios obtenidos por las tan meneadas convenciones colectivas, que según el gobierno y algunos alcahuetes son una de las mayores mejoras legadas por éste régimen. El proyecto que se dejó correr de demoler las obras sociales sindicales puede lograr, aunque no se termine aplicando a rajatabla, el objetivo de “advertirle” al sindicalismo que debe automoderarse en sus exigencias al cristinismo.
El objetivo de mínima ya estaría cumplido, arrinconar a una parte importante del sindicalismo peronista, ahora van por el otro objetivo intermedio que es lograr que éste sector admita un esquema como mínimo intermedio, como podría ser el de incrementar la parte de los aportes que van al Fondo de Redistribución y/o separar en forma mucho más definida la estructura de las obras sociales de la de los sindicatos¸ esto no es otra cosa que limitar casi totalmente el poder económico del sector sindical. El paso final será ir por el sector sindical descaradamente modificando la ley de asociaciones profesionales para terminar con el poder sindical, ayer fue la política, hoy son las obras sociales y mañana serán directamente los únicos defensores del pueblo trabajador argentino.
Por el Arq. José M. García Rozado para el Informador Público
