Desde el año 2009, cuando resurge el déficit fiscal luego de la crisis del año 2002, el oficialismo, acompañado por gran parte de la oposición, en lugar de acordar estrategias para construir un Estado moderno y equilibrado, viene apelando a captar fondos a través de confiscaciones. El desequilibrio fiscal es creciente, las deudas no registradas se acumulan y los ahorros se fugan. Más allá de que para justificar las confiscaciones se apele al sentimiento nacionalista, el proceso conduce a la decadencia, como ya ocurrió en el pasado. Por esta vía, la Argentina desaprovecha la inédita oportunidad que el contexto internacional le está brindando a Latinoamérica.
Así como en décadas pasadas la caída de los términos del intercambio fue un factor generador de periódicas crisis y decadencia secular, en la actualidad el excelente contexto internacional es promotor de crecimiento y progreso social. La prueba más ilustrativa la dan varios países latinoamericanos (Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Perú) que en base a políticas racionales están aprovechando el favorable contexto externo y, por eso, están logrando importantes progresos sociales.
Esto no está ocurriendo en la Argentina donde el gasto público crece de manera desaforada (39% entre el 1° trimestre del 2012 y el mismo período del 2011) al extremo que se apela a financiarlo con expropiaciones a los ciudadanos. El fenómeno se puede ilustrar con datos oficiales de la Secretaría de Hacienda de la Nación los cuales señalan que:
* En el año 2009, el sector público nacional presentó -por primera vez desde el 2002- un desequilibrio de $7.131 millones; la reacción fue apropiarse de los ahorros previsionales acumulados en el sistema de capitalización.
* En el año 2011, el desequilibrio se incrementó a $30.662 millones; lo cual motivó que el Estado nacional se apropiara de las reservas del Banco Central.
* En el primer trimestre del año 2012, el déficit del sector público nacional subió a $ 35.426 millones; la reacción del Estado nacional fue impulsar la apropiación de YPF.
Esta información oficial sugieren una fuerte correlación entre crecimiento del déficit fiscal y confiscaciones. Ni el oficialismo ni la oposición parecen contabilizar las consecuencias de estas decisiones. Consumir los ahorros previsionales y las reservas del Banco Central implica sacar el respaldo a las futuras jubilaciones y a la moneda nacional. La enorme deuda con la empresa Repsol que quedará impaga se sumará a los 49 juicios que inversores extranjeros ya hicieron contra la Argentina en el CIADI (el órgano internacional de resolución de conflictos entre inversores extranjeros y los países). Serán las futuras generaciones quienes recibirán esta pesada herencia.
Aunque se apele al sentimiento nacionalista para justificar estas decisiones -siguiendo un proceso análogo al que en el pasado gobiernos ilegítimos eligieron para intentar tapar sus fracasos-, el problema de fondo es que ni oficialistas ni opositores muestran intenciones y capacidad para mejorar la calidad del gasto público. Por ejemplo, puestos ante la evidente necesidad de reducir los subsidios a las empresas públicas deficitarias (cuyo monto duplica los subsidios que reciben las familias pobres a través de la Asignación por Hijo) prefieren optar por el camino fácil de seguir confiscando activos a los ciudadanos. Esto demuele las perspectivas de inversión en el país y agrava los problemas fiscales. Más temprano que tarde la nueva empresa estatizada va a requerir subsidios al Estado, como lo vienen haciendo Aerolíneas Argentinas, AySA y ENARSA.
Más preocupante aún es que la expropiación haya sido avalada por los senadores, oficialistas y de la oposición, en representación de las provincias. La Constitución Nacional en su artículo 124° es terminante cuando señala que “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. El petróleo es de las provincias, por eso cobran regalías. Hasta antes de la estatización de YPF, las regalías estaban devaluadas porque el Estado nacional fija un precio de referencia muy bajo respecto al precio internacional. Con la estatización, las provincias seguirán recibiendo regalías devaluadas (ya que no hay intenciones de sincerar los precios de la energía), pero además tendrán que sacrificar coparticipación para financiar los déficits de YPF, como lo vienen haciendo con el resto de las empresas públicas.
FUENTE :
http://site.informadorpublico.com/?p=10233
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