En su discurso de anteayer, la Presidente aludió a SIDERAR -sin nombrarla-, acusándola de negarse a repartir dividendos. En realidad, esta empresa le ofreció a la ANSES repartir 400 millones de dividendos y el representante del gobierno se negó. Pero no se trata de un error de la Presidente sino de que Diego Bossio y Amado Boudou reclaman que se distribuyan además 6.700 millones de pesos de balances anteriores que no se repartieron, pero sí se invirtieron. A la ANSES le tocarían entonces más de 1500 millones de pesos además de los 400 ofrecidos. El fondo del cuestionamiento oficial por los 6.700 millones es que esa plata SIDERAR la usó para comprar plantas en el exterior en vez de reforzar las inversiones locales, porque entiende que el actual modelo inflacionario es marcadamente anti-inversión. Si el gobierno retira dividendos del grupo Techint por casi 2.000 millones, e hiciera lo propio en las casi 50 empresas en las que tiene participación, podría alcanzar a los 7.000 millones de pesos. O más todavía si se reclaman dividendos de años anteriores. De este modo se formaría una nueva caja para financiar el déficit. Después de este manotazo, siempre quedarían los depósitos de la gente, que están en los bancos como plazos fijos.
¿DÓNDE ESTÁ LA CORTE SUPREMA?
El DNU 441 barrió con el inciso f del artículo 76 de la Ley 24.241 que decía, en relación al ANSES: “En ningún caso las inversiones realizadas en una sociedad nacional o extranjera habilitarán para ejercer más del cinco por ciento (5%) del derecho de voto, en toda clase de asambleas, cualquiera sea la tenencia respectiva”. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, el año pasado sentó en un fallo los parámetros que deben seguir los DNU, limitando de algún modo su aplicación. Como es obvio, el DNU 441 no sólo se extralimitó en la modificación de una ley, sino que excedió las pautas de razonabilidad fijadas por la Corte Suprema. Sin embargo, en el actual contexto, hay que descartar la posibilidad de que el alto tribunal se involucre en el tema, por ejemplo a través de un per saltum.
Ante la ausencia del máximo tribunal, la UIA y AEA apuntarían a obtener un fallo de cámara que ampare sus derechos, sobre la base de que no había urgencia alguna en dictar el DNU en cuestión eludiendo la intervención del Congreso. No es menos evidente que la sistemática violación de la ley por parte del gobierno desalienta la inversión y, por tanto, también obstruye la creación de empleos. Ya ocurrió el año pasado, cuando la economía aumentó un 7,5% pero no aumentó el empleo.
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