Mientras que el Gobierno puede gastar más de un millón y medio de pesos por día en publicidad oficial en este año electoral, los partidos de la oposición no sólo no podrán contratar espacios de manera privada, sino que además padecerán duras restricciones para difundir sus campañas por los medios de comunicación audiovisual. Así lo denunció ayer la oposición apenas se conoció el nuevo régimen que impuso el Poder Ejecutivo para la difusión de los anuncios proselitistas.
La oposición analiza recurrir a la Justicia para intentar dejar sin efecto la nueva reglamentación, a la que considera injusta y arbitraria. Según el decreto que reglamenta la nueva ley electoral , que se difundió ayer en el Boletín Oficial, todos los partidos políticos -incluido el kirchnerismo- se repartirán una hora y 20 minutos por día para difundir avisos electorales en radio y televisión. El problema, advirtieron los opositores, es que el Gobierno casi no tendrá restricciones para difundir actos de gestión, por lo que, a su juicio, competirán en una pelea desigual.
El decreto 445 que el Gobierno publicó ayer detalla el nuevo régimen de asignación y distribución de espacios para anuncios de campaña electoral. Allí se establece que “los diversos medios audiovisuales deberán ceder el 10 por ciento de 12 horas de programación” por día para las propagandas de los distintos candidatos. Esto regirá durante el lapso máximo que la ley electoral establece para la campaña, que será de 30 días previos a las elecciones primarias, abiertas y simultáneas y de otros 30 días antes de las elecciones generales.
El nuevo régimen detalla que los anuncios electorales se emitirán en cuatro franjas horarias según las siguientes proporciones: de 7 a 12, el 35 por ciento de esa hora y veinte minutos que cada medio deberá destinar por día a la campaña; de 12 a 16 horas, el 30%; de 16 a 20 horas, el 25% y de 20 a 1 de la mañana, el 10%.
Aquí asoma la primera gran inequidad, advierte la oposición: en el horario más visto de la televisión -el prime time – el nuevo régimen sólo destina el 10% del total de minutos dedicados a la campaña electoral. En cambio, el Gobierno puede volcar su millonario presupuesto de publicidad oficial (este año asciende a 512 millones de pesos) para hacer propaganda de sus actos de gobierno en cualquier horario y sin restricciones, salvo los 15 días previos a las elecciones primarias y generales, cuando quedará vedada.
“Aquí se genera una grave asimetría por la falta de reglamentación de la publicidad oficial; el Gobierno puede gastar lo que quiere en esta materia, lo que le da una clara ventaja electoral”, advirtió el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Hernán Charosky.
“Es escandaloso: mientras que el Gobierno puede bombardear al electorado con propaganda oficial en medios y programas afines, por ejemplo en el Fútbol para Todos, los partidos políticos de la oposición no sólo no podrán contratar publicidad privada, sino que deberán ajustarse a los espacios que le impone el Gobierno -afirmó el diputado Gustavo Ferrari (Peronismo Federal)-. Para peor, en el horario más visto de la televisión apenas se destina un 10% para todos los partidos.”
El legislador enfatizó que el régimen no sólo es injusto y arbitrario, sino también inconstitucional porque agravia las autonomías provinciales. “Es así porque la reglamentación obliga a las provincias que celebren sus elecciones de manera simultánea con las nacionales a que adhieran a este régimen, es decir, que extienden las limitaciones horarias a las categorías de gobernador y de legisladores provinciales. Esto no estaba contemplado en la ley original”, subrayó Ferrari.
El legislador es la mano derecha del también diputado y candidato a gobernador Francisco de Narváez (Peronismo Federal), que venció a Néstor Kirchner en las últimas elecciones legislativas luego de invertir un presupuesto millonario en su campaña mediática. Con el nuevo sistema, De Narváez se verá seriamente encorsetado.
Legisladores de otros partidos políticos también cuestionaron duramente la “competencia desleal” que, a su juicio, imparte este régimen. “La campaña electoral se acota a sólo 30 días, la oposición no podrá contratar publicidad privada, sus avisos electorales casi ni se verán en el horario prime time de la televisión… esto es una risa”, enfatizó la diputada Silvana Giudici (UCR), presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja. Advirtió que el abuso de la publicidad oficial no es privativo del gobierno nacional. “El gobierno de Mauricio Macri en la Capital vetó la ley que la restringía”, recordó.
También desde la Coalición Cívica, la diputada Patricia Bullrich objetó la reglamentación de la ley. “Estamos de acuerdo con que se elimine la publicidad privada y que el Estado asigne los espacios en los medios, pero una buena idea se transformó en una trampa mortal para la oposición”, alertó.
Paula Bertol (Pro) insistió en la necesidad de restringir la publicidad oficial del Gobierno. “Es cierto que Macri vetó una norma similar, pero adherirá a la ley nacional no bien se sancione”, aseveró.
“MEDIOS AL SERVICIO DEL GOBIERNO”
No quedó claro si fue o no un lapsus: el ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo ayer que hay medios de comunicación “al servicio del Gobierno”. Lo hizo al responder una pregunta de Magdalena Ruiz Guiñazú, que cuestionaba el uso de dinero estatal “al servicio de un partido político
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