Pobres tucumanos

Durante los 90, los economistas comenzaron a desplazar progresivamente a los psicólogos en numerosos espacios de atención de la opinión pública, tanto en lo referido a acontecimientos de la cotidianidad como en la planificación del futuro cercano. En los 2000, ya no era una tendencia sino un nuevo escenario: el “¿por qué me pasa esto a mí?” perdió terreno ante el “¿tendré para pagar el crédito y la terapia?”. No se trató de que el Psicoanálisis perdiera autoridad ante las Ciencias Económicas: lo que perdió autoridad fue la palabra. Y, casi naturalmente, ganaron prestigio los números. En definitiva, “uno más uno” siempre iba a dar “dos”. Esa linealidad en el planteo, esa normatividad de las operaciones, esa simpleza en la expresión del resultado, les daba la pátina de honestidad que no tenían los discursos inflamados ni los compromisos que, en la práctica, nada tenían que ver con las promesas. Advenía la era de las cifras.
Pero nada dura en la Argentina kirchnerista, donde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) manda a los argentinos a volver al diván. Ese organismo ha establecido que la inflación del último mes fue del 0,8%. Y que la de todo 2010 ni siquiera alcanzó el 11%. Quienes no lo vean así, han renegado de la realidad oficial para abrazar “distorsiones” de precios o han asumido prédicas “desestabilizadoras”.
Como corolario, en el Tucumán alperovichista se ha escrito en la Constitución que el primer mandato de este Gobierno no cuenta; así que el segundo, en realidad, es el primero; de modo que las actuales autoridades pueden aspirar a un tercer período consecutivo porque, dado el caso, se tratará del segundo. Si la Carta Magna, la “Ley” más importante de este pedazo de país, dice que “uno más uno más uno” es igual a “dos”, debe concluirse que, aquí, no se puede hacer nada a prueba de oficialismos.
En otros términos, debatir sobre la realidad de la cosa pública se ha tornado, a los efectos de la lógica del lenguaje y de la sensatez de los números, en una cuestión imposible. Los últimos reportes oficiales sobre la situación de la pobreza sólo lo confirman.
Sin estatuto
Los desposeídos, en la referencia social, han sido despojados casi de todo estatus. La “gente” (si tal cosa existe) no los llama pobres sino “humildes”. Pero la humildad es una virtud y la pobreza no. Nadie nace “digno” de ser pobre. Y el Indec ya no los ve: dice que son apenas el 10% de la población tucumana. Y es entonces cuando hay que reparar que, en lo que se refiere los sectores excluidos, ya ni siquiera vale la pena hablar de cifras. Y no lo vale, justamente, porque los gobernantes argentinos han confundido palabras con números: han equiparado el concepto de “pobreza” con el de “ingresos”.
Las consultoras privadas estiman que se necesitan casi $ 2.300 para vivir (o sea, pagar la canasta básica). El número “K” es otro: con menos de $ 1.300 alcanza, dice la Casa Rosada. Pero hasta ese debate es secundario. Lo central es que una cifra (sea cual fuere) marca el límite entre vivir en la pobreza o fuera de ella. Parado en esa frontera, el oficialismo dice que, gracias a los subsidios de la Asignación Universal por Hijo y del Programa Argentina Trabaja, ya sólo uno de cada 10 tucumanos queda en el territorio del despojo.
Ese postulado es tan artificial que no puede responder afirmativamente una pregunta por demás básica: si los que reciben asistencia estatal por $ 1.300 al mes no son pobres, ¿qué son? ¿ricos? ¿clase media? ¿burgueses? Son “no pobres”. Hasta el estatus de pobres han perdido…
Si se tomaran los $ 2.300 de las consultoras indudablemente figurarían más pobres en el registro oficial, pero eso es mantenerse entrampado en la misma confusión. Lo que la Argentina no mensura (a diferencia de otros países de América latina) es la pobreza estructural, a partir de determinar la calidad de los materiales de la vivienda y si hay hacinamiento o no; si tienen acceso a redes de agua potable y de cloacas; si los niños en edad escolar efectivamente reciben formación educativa; y, finalmente, si los ingresos del hogar son suficientes o no. Dentro de esto último juegan variables como la cantidad de personas del grupo familiar, sus edades, su nivel educativo y las actividades que desempeñan.
O sea, si viven más de tres personas por cuarto en un rancho de un asentamiento irregular, con niños mendigando en semáforos o trabajando en alguna zafra, se es legítimamente pobre aunque ingresen $ 1.300 o $ 2.300 cada mes. Lo que cuenta no es el bolsillo sino la satisfacción de las necesidades básicas. En especial en el Tucumán lleno de nuevos barrios privados: privados de iluminación, de cloacas, de transporte público, de escuelas y de hospitales cercanos, y de seguridad.
Esas condiciones también son reveladoras de la situación provincial. Cuando se iguala “pobreza” con “ingreso” se pierde de vista que detrás de los “menos pobres” que consigna el Indec hay más de 260.000 beneficiarios de planes sociales, más una planta de estatales que supera los 80.000 salarios: prácticamente, la población económicamente activa (PEA) de todo el Gran San Miguel de Tucumán. En otras palabras, es verdad que este no es el Tucumán de 2003, cuando la pobreza era del 67% (y el Indec era creíble). Pero de allí a sostener que ahora sólo es pobre el 10% de los tucumanos equivale exactamente a lo mismo que pregonar una inflación oficial que se mide mes a mes en decimales y acordar con la CGT aumentos del 24%: algo no cierra. En realidad, además de subestimar la razón, niegan que muchos de los pauperizados de ayer están ahora escondidos bajo la alfombra clientelar. La cual lleva, por cierto, al empobrecimiento de la política.
La otra zona franca
La confusión de las palabras con las cifras llevó a confundir “militancia” con “plata”. O sea, “proselitismo” es igual a “dinero”. Y, peor aún, “voto” es igual a “billetera”. Esta no es la política de la miseria sino la miseria de la política. El desquicio es tal que en Tucumán, hoy, la clase dirigente tiene asumido que es posible que se admita que tres mandatos consecutivos del gobernador pueden ser considerados legalmente como dos, pero sostiene que es absolutamente imposible hacer “campaña” sin “recursos”.
Esta aberración se ha naturalizado en los discursos: no hay “con qué” competir con el Gobierno; los acoples que más votos obtendrán en el oficialismo son los que acumulan la mayor cantidad de dirigentes con renta estatal (o con padres con presupuesto estatal); “el campo” tiene un lugar asegurado en el Acuerdo Cívico y Social porque “cumple” con el financiamiento (habría aportado $ 900.000 en los comicios de 2009); y el bussismo, el jerecismo y el laborismo (según el caso) planifican el armado de las listas y las circunscripciones donde competirán según los fondos con los que cuenten. Y escuchan “ofertas” de dirigentes que “compartirán” los gastos.
Lo notable es que lo que se gasta en la campaña electoral local no se registra en el Producto Bruto General (PBG) porque todo se da en circuitos paralelos a los oficiales. En pocas palabras, plata en negro a rolete. Si no fuera así, es claro que no habría menos pobres, pero también es seguro que esta se encontraría entre las provincias más ricas de la Argentina: entre las lluvias y los millones y millones que “siembran” los candidatos, la pampa húmeda queda aquí. Con verdaderos pools comercializadores de voluntades populares. Con una actividad que ya dejó la etapa de las Pymes proselitistas para poblarse de grandes industrias electorales.
Si en Tucumán los nuevos ricos no son tanto los sojeros sino algunos políticos (que en muchos casos se dedican como hobby a ser sojeros), la única política posible aquí es la de la supervivencia de ellos mismos por ellos mismos. Lo de llegar a la función pública para “salvarse” es casi una candorosa nostalgia: ahora hay que llegar para quedarse. La reelección, en consecuencia, no es una cláusula política: es derecho mercantil. Y la recontra-reelección, directamente, convierte a todo Tucumán en zona franca.
Sólo dentro de este paradigma puede admitirse que el Indec pretenda que ya no se distingue a los pobres en Tucumán. Si sólo obtendrán los cargos (y los fueros) los que más ponen, entonces, todos somos pobres. O, lo que es igual, pobre de nosotros.
Fuente: http://www.lagaceta.com.ar