La Dirección de Asuntos Jurídicos (DIAJU) del ministerio de Relaciones Exteriores, área que tramita el exhorto que llegó de Suiza en marzo pidiendo información judicial sobre Hugo Moyano, se encuentra políticamente intervenida por la Casa Rosada que ya puso un hombre propio para controlar los expedientes que ingresas.
Según el diario Clarín, se trata del abogado Manuel Borges. Ese ignoto funcionario, que según fuentes diplomáticas “trabaja aislado y en solitario para la Presidencia, no tiene facultades ni el canciller Héctor Timerman”, a quien le llovieron duras críticas internas en aquellos días de marzo del terremoto entre el Gobierno y el líder de los camioneros. Anoche este diario consultó a Timerman sobre esta información pero, hasta el cierre de esta edición, aún no había contestado.
Este “AG”, como se conoce en la jerga de la administración pública a estos empleados estatales, despertó la desconfianza interna en el Palacio San Martín, donde hay cierta incomodidad porque nadie explica su “informal” presencia. Utiliza las instalaciones de la DIAJU, dependiente de la subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa del Ministerio, que conduce el embajador Eduardo Andrés Villalba. El jefe natural de ambos sería a su vez es el secretario de Coordinación y Cooperación Internacional, embajador Hernán Darío Orduna, quien a su vez responde directamente a Timerman.
Justamente, fueron Timerman y Orduna quienes “cobraron” por lo que ocurrió con el exhorto suizo: llegó a DIAJU, donde estuvo diez días, como cualquier “otro documento” sobre figuras “menos relevantes” que el líder de la CGT, Hugo Moyano, y fue derivado a la justicia como se debe hacer con todos estos papeles.
Según las fuentes, “nadie informó a Timerman” sobre su contenido. Finalmente, el exhorto llegó a la Corte Suprema de Justicia, que lo divulgó en su sitio online, de donde se convirtió en noticia rápidamente. Moyano montó en cólera. Habló de conspiración local y suiza en su contra. Amenazó hasta con un paro general, y sus seguidores criticaron duramente a Timerman porque consideraron insólitamente que no debería haber recibido el exhorto.
Para los días en que el exhorto entró a Cancillería, el área estaba sin jefe. En Personal del ministerio aún figura como titular de DIAJU, la agente pública Paula Sidoti, quien según supo este diario no estaba cuando llegó el pedido de la justicia suiza. El envío del exhorto a la Justicia, sin más trámite, es lo que correspondía hacer desde el punto de vista legal.
Lo cierto es que desde que la Rosada intervino políticamente esta dirección de la Cancillería la respuesta que Oyarbide debe darle a Suiza sobre las causas en que es investigado Moyano y sus hijos está paralizada. No se pudo confirmar si, por ejemplo, la Cancillería envió el pedido del juez a Suiza para que traduzca el delito que se le imputa al titular de Covelia.
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