viernes, 27 de mayo de 2011

Mientras lanza su cruzada contra la corrupción policial, el gobierno le entrega el Ejército a un general corrupto


El empeño de la Ministro de Seguridad Nilda Garré y de su mentor ideológico Horacio Verbitsky para que el Senado apruebe el pliego correspondiente al ascenso a general de división del general Gerardo Santos Milani, encierra una perfecta contradicción con el discurso oficial de la nueva política de seguridad. La nueva doctrina Garré, en un planteo ultra K, apunta a purgar las fuerzas de seguridad tanto de elementos antidemocráticos -por ejemplo vinculados al proceso militar- como vinculados a la corrupción. Ésta es una versión perfeccionada del plan que se viene aplicando en las Fuerzas Armadas en los últimos años.
El general Milani fue la mano derecha de Garré en el Ejército y, en cierto modo sigue siéndolo, ya que el nuevo ministro Arturo Puricelli se concentraría en los temas de producción para la Defensa dejando que el equipo armado por Garré-Verbitsky continúe conduciendo la política militar. Más concretamente, una de las últimas resoluciones firmadas por Garré dispone que Milani pase a ser el nuevo Jefe de Estado Mayor, reteniendo su cargo actual de Director General de Inteligencia del Ejército. Esta inédita concentración le da a Milani la suma del poder militar y, obviamente, convierte al Jefe de Estado Mayor, Luis Pozzi, en lo que de hecho ya es: una simple figura decorativa.
El antimodelo oficial
El caso es que Milani es un verdadero paradigma de todo aquello que el gobierno dice perseguir. Participó activamente de la lucha contra la subversión como oficial de inteligencia y es, a la vez, el máximo responsable de una cadena de actos de corrupción, fundamentalmente en la compra de inmuebles con fondos reservados de inteligencia del Ejército, que luego fueron vendidos a precio vil a empresas a las que estaba estrechamente ligado, cuando no directamente a parientes suyos. Curiosamente, las impugnaciones dealgunos senadores opositores a Milani se refieren a sus relaciones con el movimiento carapintada que lideraba Aldo Rico y no a los actos de corrupción sobre los cuales existen indicios contundentes.
Cuando la Ministro de Seguridad está empezando la purga policial y escarbando reales y supuestos actos de corrupción para mantener bajo presión a la cúpula de la institución, el otorgamiento de la conducción del Ejército a su operador, célebre por su relación con negociados, es una demostración perfecta de la estrategia kirchnerista. Se trata de desmantelar y neutralizar tanto a los militares como a la policía para que no se conviertan en factores de desestabilización de la dictadura del aparato social y mediático montado por el gobierno. La novedad es que las fuerzas creadas por la Casa Rosada desde el 2003 se están saliendo de control y CFK corre ahora el riesgo de ser devorada por su propia revolución.

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