Es sabido que la nueva ley antilavado lo establece como delito autónomo y recién fue sancionada, pero no puede aplicarse en forma retroactiva. Aunque si se comprueba la defraudación al Estado y el lavado posterior, estaría más cerca de configurarse la asociación ilícita. No sabemos, claro está, si el juez Norberto Oyarbide lo entenderá así. Prima facie, correspondería encubrimiento del lavado e incumplimiento de deberes de funcionario público para Sbatella, quien persiguió antes a Francisco De Narváez y a Clarín. También entran en juego otros hechos, como que Sergio y Pablo Schoklender le regalaron dos millones de dólares a Alejandra Bonafini, hija de Hebe, por los perjuicios sufridos por la desaparición de sus hermanos. En otro orden de cosas, el año pasado, el Ministerio de Planificación, ante un pedido de la fundación, le otorgó a la misma 150 millones de pesos para la construcción de un complejo en la avenida Castañares y General Paz. Debido a las demoras en su ejecución, le tuvo que dar 42 millones de pesos más en el pasado mes de abril, hace dos meses exactamente. Este fue el último manotazo del parricida y se trata de una suma que no se sabe a dónde fue a parar. Decir que la comisión directiva de la Fundación Madres y el gobierno nacional no sabían de esto sería una verdadera ingenuidad o un “olvido” que seguramente convalidará el juez Oyarbide.
El escándalo se agranda cada día más y ya parece más grave que la valija de Antonini Wilson, el caso Skanska y otros diversos. Buena parte de la investigación depende ahora de lo que declare Marcela Zlotogorski, quien se encontraría en estado de shock.
Queda también por dilucidarse asimismo un hecho muy grave. El 2 de diciembre pasado, los okupas, liderados por Alejandro “Pitu” Salvatierra, hombre de Daniel Filmus, tomaron el Parque Indoamericano y el parricida lo acusó del tráfico de drogas en la zona sur. Ahora cabe investigar si Salvatierra y Schoklender eran los capos de la merca en la zona sur e iniciaron una disputa que terminó con dos muertos, porque además de defraudación al Estado, administración fraudulenta y lavado de activos, también estaría la lucha por el control de la venta de cocaína y paco. La misma que, según Aníbal Fernández, nos ha ganado la batalla.
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