El juez federal Norberto Oyarbide deberá decidir en los próximos días si imputa o no a los hermanos parricidas por la defraudación a la administración pública. También deberá resolver si le tomará declaración a Hebe de Bonafini y en qué carácter. Por lo pronto, el oficialismo ya consiguió salir de su estupor y armar una estrategia. Desde Página 12, los periodistas Raúl Kollman e Irina Hauser señalaron ayer que habría inexistencia de pruebas contra los Schoklender. En el mismo medio, Horacio Verbitsky desmintió que no ataque más a Daniel Scioli por orden del Gobierno Nacional, como los acusó el colega Carlos Pagni desde La Nación. Este último también dijo que Bonafini, Carlotto y Verbitsky hacen lo que la Casa Rosada les pide que hagan, cosa que es rigurosamente cierta. A todo esto, el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, aseguró que “hay una intención de bastardear la política de derechos humanos y la política de obras públicas”, al salir al cruce de un informe de la Coalición Cívica difundido ayer. “Niego rotundamente la cuestión de sobreprecios”,sostuvo por su parte el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Luis Alberto Bontempo. La negación como estrategia judicial es un recurso que generalmente se elije cuando es fundamental ganar tiempo. Y éste es el caso, porque el gobierno necesita imperiosamente que el escándalo baje de nivel por lo menos hasta el 24 de octubre, lo que no es fácil.
El círculo subsidio-retorno
En medio de semejante escándalo, la Presidente recurrió una vez más a su táctica preferida de tomar distancia de los problemas y no dijo una palabra sobre los hechos. Apenas se dignó deslizar una referencia lateral al señalar que su gobierno había construido 800.000 viviendas populares. Sin embargo, en su informe, la Coalición Cívica sostiene que sobre 400.000 viviendas del plan Techos Dignossólo se terminaron 135.000, como publicó Clarínayer. A esto, el Ministerio de Planificación contestó que, incluyendo otros planes ya ejecutados, se llevan construidas 575.000 viviendas populares, o sea bastante menos que lo anunciado por CFK. Pero tampoco se sabe a ciencia cierta si esto es verdad, porque en varios programas televisión Jorge Lanata mostró cientos de viviendas populares que oficialmente se dieron por terminadas pero que carecen de caminos, electricidad y gas. O sea que el número de viviendas realmente terminadas, como mucho, llegaría a la mitad de lo que dijo la Presidente.
Pero lo más grave es que esta enorme cantidad de viviendas tienen una sobrefacturación importante. Por lo pronto, hay fuertes indicios de que el 15% de anticipo que otorga la Secretaría de Obras Públicas de José López a los contratistas era devuelto por todos los adjudicatarios como“comisión” o “retorno” para la caja que manejaba Néstor Kirchner y que anotaba en su famosa libreta negra. Otra novedad es que el plan Sueños Compartidos tiene un trato diferente a los demás, ya que a las Madres no se les exigía licitación pública y todo se tramitaba por contratación directa. Sergio Schoklender y Hebe de Bonafini elegían la empresa, que generalmente era Meldorek S.A., cuyo 90% pertenece al parricida. En cambio, en los demás planes, De Vido y López seleccionaban la empresa a la que tenían que adjudicarle los gobernadores e intendentes.
La denuncia de la Coalición Cívica demuestra que se presupuestaron 20.000 millones de pesos para 400.000 viviendas y al final resultó que se utilizaron 19.000 millones de pesos. O sea, casi todo el presupuesto para sólo 135.000 viviendas. Sólo este año se presupuestaron 12.000 millones de pesos para viviendas de una precarización asombrosa. Hasta ahora, en un primer balance, se puede decir que, con la excepción de algunos miles de viviendas, los planes de viviendas sociales son sencillamente un escandaloso negociado de sobrefacturación para completar el círculo SUBSIDIO, RETORNO Y APOYO POLÍTICO al proyecto kirchnerista.
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