El gobierno nacional obligaba a provincias y municipios a contratar en forma directa, sin licitación alguna, a la Fundación Madres de Plaza de Mayo si querían recibir fondos especiales para construir viviendas sociales, según quedó establecido por escrito en convenios y contratos de obra que obtuvo La Nacion.
Los documentos contradicen abiertamente lo que afirmaron el miércoles pasado, en el Congreso, los subsecretarios Abel Fatala (Obras Públicas) y Luis Bontempo (Vivienda) para despegarse del escándalo que desató el desmanejo de fondos por parte de Sergio Schoklender, ex apoderado de la fundación: “Nosotros no tratamos directamente con las Madres, sino con las jurisdicciones, con los municipios”.
Esos dichos provocaron comentarios de gobernadores, que se apuraron a aclarar que el plan “venía enlatado” desde el Ministerio de Planificación y que ellos sólo pagaban cuando recibían los fondos y se certificaban las obras.
Los documentos en poder de La Nacion reflejan lo que gobernadores e intendentes admitían sin el grabador prendido: la orden expresa del Gobierno era contratar a las Madres. Si así ocurría, ellos cobrarían sin demoras y las casas iban a estar hechas a tiempo. En algunos de esos convenios, además, se pagaron, según lo presupuestado hace 13 meses, 463.000 pesos, por ejemplo, por cada vivienda en Villa Lugano de 70 metros cuadrados, amueblada y equipada con heladera.( Aca la heladera nunca fue entregada )Un convenio en el que expresamente se refleja que las obras debían hacerse mediante una contratación directa con la Fundación Madres de Plaza de Mayo es el suscripto el 13 de abril de 2010 entre Fatala y la Corporación del Sur, un organismo de la ciudad de Buenos Aires, presidido por Humberto Schiavoni.
En ese Convenio Unico de Colaboración y Transferencia se acordó la financiación de la construcción de obras en el Elefante Blanco, de la villa 15, Ciudad Oculta, en Villa Lugano. Esas obras se habían iniciado dos años antes, pero quedaron por la mitad. Se habían levantado sólo 72 viviendas y restaba hacer otras 96. En la cláusula octava del convenio se recuerda que ya en 2008 cuando se acordó la realización de las obras entre la ciudad y la Nación, la Fundación Madres de Plaza de Mayo era la “responsable exclusiva” de la “administración y ejecución de la obra”.
Y en el contrato de obra firmado el mismo 13 de abril de 2010 por Sergio Schoklender como apoderado de las Madres de Plaza de Mayo y Schiavoni, por la Corporación del Sur, se menciona expresamente que mediante el Convenio de Colaboración y Transferencia “se impone la obligación por parte de esa Subsecretaría [de Obras Públicas de la Nación] de contratar en forma directa a la fundación para acceder al financiamiento de la obra”. Claramente: para recibir dinero había que firmar con las Madres.
En esos acuerdos se establece que la ciudad de Buenos Aires iba a recibir de Planificación Federal 57.784.632 pesos, que iban a ser entregados a la fundación. Unos 44.546.632 pesos iban a estar destinados a construir 96 casas, infraestructura y equipamiento social. Si se divide ese dinero por la cantidad de viviendas, la cuenta da 464.027 pesos, unos 113.000 dólares.
Esta plata se giraría de acuerdo con los avances de la obra y contra la presentación de los certificados, pero un 15 por ciento le sería adelantada a la fundación como anticipo financiero. El resto del dinero, unos 13.238.000 pesos, iba a ser entregado en un solo pago y según el convenio están destinados a mejorar 72 casas terminadas y equipadas. La cuenta da $ 18.583 para comprar muebles, heladeras y cocinas para cada casa.
Fuentes del gobierno porteño dijeron que estos costos mayores pudieron haber estado destinados a reunir dinero para terminar el barrio Los Piletones, una obra que estaba pagada en un 70% y construida en un 30%. Aún está inconclusa.
En otras jurisdicciones se dan situaciones parecidas. Por ejemplo, en el municipio de Tigre, en el expediente 4112-13983/09, el asesor letrado reconoce en un dictamen que las obras de las Madres en esa comuna no se podían hacer mediante contratación directa sin violar la ley orgánica de las municipalidades, que establece la necesidad de hacer una licitación pública.
Analiza que este caso no entra en las excepciones que marca la ley, pero entiende que resulta conveniente la firma de estos contratos por dos razones: porque van a beneficiar a los vecinos de carenciados del barrio Cina Cina y porque, según convenios por la comuna, los fondos destinados a la obra provienen de la Nación para levantar 305 casas.
Contratación directa
Añade el dictamen que en esos convenios, suscriptos entre la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación y el municipio, “está establecido no sólo el plazo y monto de la obra, sino también la modalidad de contratación, a saber, contratación directa”. Otra vez, para recibir casas había que firmar con las Madres.
Los convenios con la fundación fueron convalidados, en este caso y en el de otros municipios (como el de Ezeiza, donde se hacen otras obras de las Madres), por el Consejo Deliberante local.
En el caso de los convenios específicos de Villa Garrote, donde se alzan 288 viviendas, firmados en diciembre de 2008 por el entonces intendente de Tigre, Julio César Zamora; la Nación; Schoklender, y la provincia, surge un detalle que llama la atención: el acuerdo sostiene que se firma con la fundación porque los vecinos se reunieron en una asociación civil y manifestaron su intención de que se adjudicaran las obras a las Madres.
La actitud del Gobierno de despegarse de la responsabilidad de controlar el manejo de los fondos de las viviendas que hacía Schoklender provocó el rechazó del gobierno de Misiones, que negó ante la Justicia tener injerencia en el programa y apuntó al Ministerio de Planificación nacional. Además, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, se mostró dispuesto a presentar toda la documentación de las obras y sugirió también que era un plan nacional.
El papel del Estado en el escándalo
$ 765%
Millones
Es lo que les giró el gobierno nacional a provincias y municipios para financiar proyectos de viviendas de las Madres de Plaza de Mayo, que manejó Sergio Schoklender
3100
Viviendas
Se construyeron desde 2008
Operativo despegue
Enero de 2008
Con impulso kirchnerista
El gobierno nacional empieza a financiar las obras de las Madres. Funcionarios de Planificación y Economía recorren las obras y las presentan como un modelo fomentado por la Casa Rosada.
Abril de 2010
Contratación directa
En un convenio firmado entre la Nación y la Corporación Sur se establece la obligación de contratar a las Madres para hacer obras en la Capital.
Mayo de 2011
Estalla el escándalo
Se empiezan a conocer los desmanejos financieros de Schoklender y la Justicia empieza a investigar su cuantioso patrimonio.
Junio de 2011
El Gobierno toma distancia
Ante el Congreso, los funcionarios de Planificación Abel Fatala y Luis Bontempo (foto) se desligan del escándalo
y dicen que la responsabilidad de controlar era de los gobiernos distritales. “Nosotros no teníamos trato directo con las Madres”, dicen.
No hay comentarios:
Publicar un comentario