Esta semana, el presidente de la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados, el radical Hipólito Faustinelli, convocó al subsecretario de Obras Públicas de la Nación , Abel Fatala, para que informe sobre distintos aspectos que involucrarían fondos públicos destinados a la construcción de viviendas por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
El dato es relevante toda vez que el pasado 28 de mayo, Tribuna publicó que el oficialista funcionario debía dar explicaciones. “De eso (los desaguisados de Schoklender-Bonafini) deberán dar puntual cuenta Claudio Freidin y Abel Fatala, el primero es presidente del Instituto de la Vivienda de la ciudad; el segundo, es subsecretario de Obras Públicas de la Nación. Ambos han liberado millonarios fondos para el plan Sueños Compartidos aún cuando en muchos de los casos faltaba la presentación de certificados de obra que demostrara los avances constructivos.”
Hay que recordar que ambos dependen del todopoderoso ministro Julio de Vido, cuya responsabilidad va haciéndose cada vez más elocuente al paso de los días. “Del Ministerio de Planificación han salido casi todos los fondos que financiaron el hoy cuestionado plan ‘Sueños Compartidos’, que lleva construidas 5000 viviendas y manejó fondos por casi 300 millones de dólares”, publicó este periódico en la nota referida, anticipando en esos días que más temprano que tarde se descubriría que “hubo obras que se realizaron sin licitación, otras con dudosos concursos, y se habría incurrido en irregularidades, como la entrega de fondos sin que se presentaran los certificados de obra correspondientes.”
A esos efectos, se puso el foco sobre la empresa Meldorek, “que comparte domicilio fiscal con Schoklender y es la propietaria de dos aviones que suelen utilizar Schoklender y Hebe de Bonafini.”
Si bien hoy se sabe que esa firma pertenece al propio Schoklender, este periódico fue el primero en mencionarla y denunciarla a fines de 2010, como parte de “una maniobra de lavado de dinero que involucra a la propia Fundación Madres de Plaza de Mayo.”
Si todo esto se sabía desde hace tanto tiempo, ¿por qué no se hizo nada sino hasta que explotó la “bomba Schoklender”? ¿Por qué nadie escuchó las incesantes denuncias que hicieron cámaras constructoras del interior del país y los señalamientos de legisladores de Coalición Cívica?
En este punto, hay incluso responsabilidades que tocan al periodismo, ya que muchos medios han —hemos— recibido esos cuestionamientos puntuales y nada han hecho al respeto. “No es que no crea en esas denuncias, pero meterse con las Madres es un conducto directo al hundimiento profesional”, dijo oportunamente a este cronista un colega de diario Clarín en el marco de las primeras denuncias contra el oneroso sistema de viviendas del plan Sueños Compartidos.
Esa dejadez por parte de todos los sectores involucrados —políticos, judiciales y periodísticos— permitió que finalmente hiciera implosión una situación que no podía resistir mucho más el paso del tiempo.
Hay que decir que fue responsabilidad de todos… mal que le pese a más de uno.
De eso no se habla
Desde el preciso momento que estalló, el Schoklender-gate se ha transformado en una suerte de prueba para ver si el periodismo se atrevía a ponerse a la altura de las circunstancias a la hora de informar con honestidad todo lo ocurrido.
Lamentablemente, no fue así. No al menos en las primeras horas, en las que el mensaje de los periodistas —incluido el del gesticuloso Jorge Lanata— ha sido el de desvincular a Hebe de Bonafini de todo lo hecho por su hijo putativo.
Si así fuera, ¿cómo explica la titular de Madres de Plaza de Mayo la enorme cantidad de cheques rechazados que tiene en su haber y que aparecieron “blanqueados” en las mismas financieras “truchas” que se denuncian en los expedientes del triple crimen de General Rodríguez y la mafia de los medicamentos? ¿Cómo justifica que la facturación total de la fundación a su cargo se multiplicó por 45 en cuatro años (1)?
En realidad, Bonafini está en serios problemas y lo sabe: no solo porque Schoklender era solo un mandatario de la Fundación , sino porque ella misma pidió que se desestimaran las denuncias que se venían acumulando contra Madres y contra su apoderado favorito. Por caso, un conocido referente de Coalición Cívica aseguró “off the record” a varios medios que la propia Hebe lo llamó en su momento para que desestimara los señalamientos contra Schoklender.
En tal sentido, no casualmente este último ha amenazado al kirchnerismo con revelar situaciones espinosas que podrían involucrar a la propia Cristina Kirchner en caso de que le sea soltada la mano. Esa amenaza tiene que ver con los dineros de campaña con los que la actual mandataria llegó al poder.
Se trata de fondos que se blanquearon a través de una firma en la que el propio Schoklender aparece como accionista (2) y de otra financiera que es investigada en México por lavar capitales del narcotráfico de ese país, pertenecientes al poderoso Joaquín “Chapo” Guzmán.
¿Se animará el apoderado de Madres a hablar sobre ese punto o será salvado —o “callado”— por el Gobierno antes de que ocurra?
En sentido similar, ¿qué dirá el oficialismo cuando se descubra que el narco Guzmán estuvo en la Argentina merced a las gestiones de un poderoso —y bigotudo— ministro del Poder Ejecutivo?
El escándalo recién empieza y las preguntas se siguen acumulando, una tras otra. Sin embargo, ningún funcionario del kirchnerismo parece interesado en responder.
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