Fuentes de inteligencia deslizan que la DEA no sería ajena al explosivo destape del escándalo de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. La razón sería que los parricidas, desde varios años atrás, estarían siendo investigados secretamente por su participación en una línea de tráfico de drogas ligada a las FARC. Esta operatoria pasaría por Paraguay pero tendría terminales en territorio argentino. Una de las mismas quedaría en el Bajo Flores, en un barrio parcialmente construido por el programa Sueños Compartidos. Esta investigación empezó a emerger en diciembre pasado, cuando punteros kirchneristas encabezados por Alejandro “Pitu” Salvatierra” invadieron el Parque Indoamericano para disputarle el tráfico de drogas a Schoklender. Se habló entonces de que estaba en juego con esas ocupaciones el tendido de un corredor narco que uniría, a través del parque, el Bajo Flores con Lugano. El episodio terminó en una batahola donde murieron dos personas. Ayer también nos enteramos de que fueron procesados varios policías federales que eran totalmente ajenos a esta lucha y cuya única culpa era vestir el uniforme policial.
En febrero pasado, se produjo el incidente con el avión de la USAF, en donde el canciller Héctor Timerman ordenó incautar una valija con material sensible, acusando por contrabando al gobierno americano. Siguiendo esta línea, la semana pasada, en su visita a México, la Presidente dijo que las armas de los cárteles de la droga provenían de los Estados Unidos. Es cierto también que el malestar norteamericano con nuestro gobierno hasta ahora no le ha generado problemas serios al kirchnerismo y que muchas veces se exagera acerca de la injerencia interna de la embajada de la calle Darragueira.
Apagar el escándalo
Es indudable que el caso Schoklender está produciendo un daño muy grande en la organización de Hebe de Bonafini. Se trata de un deterioro que ya tiene su tiempo. Las Madres venían descolocándose ante la sociedad, como en aquella marcha a los Tribunales en la que Bonafini calificó a los jueces de la Corte Suprema de turros, acusándolos de cobrar sobres por debajo de la mesa. Y, sin ir más lejos, dos semanas atrás, insultó al gobernador tucumano, José Alperovich. Ahora la desesperación estaría alcanzando al gobierno nacional, que le baja línea todos los días a Bonafini para que tome más distancia de los hermanitos parricidas. A tal punto, que ayer ésta los llamó estafadores. Al mismo tiempo, el Ministro de Planificación, Julio de Vido, quiere deslindar responsabilidades junto con sus subordinados José López y Abel Fatala. La idea, obviamente, es que los Schoklender se lleven todas las culpas.
Ayer trascendió que el juez Norberto Oyarbide citará a indagatoria a Pablo Schoklender como jefe una asociación ilícita. Pero esto debe tomarse con pinzas, por que el parricida habría intentado dos días seguidos entregar información que muestra todo era aprobado por la comisión directiva de las madres. Aunque tampoco hay que descartar que Oyarbide se guarde esas pruebas para más adelante dictar la prisión preventiva a los dos hermanos y sus 15 secuaces, que tenían casi una decena de autos de alta gama y dos aviones a su disposición. La verdadera necesidad del gobierno nacional sería que cese la presión mediática y las andanzas de los dos hermanos pasen a segundo plano.
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