Junto al subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, ya es investigado por la Justicia por incumplimiento de deberes de funcionario . Lo hace el juez Martínez de Giorgi en la causa donde se analiza el desvío de fondos de las Madres.
Pese a lo que sostiene el Gobierno, dos contratos de construcción de viviendas de las Madres de Plaza de Mayo administrados por el ex apoderado Sergio Schoklender dicen claramente que el control de las obras le corresponde a , además de las provincias y las municipalidades.
Mientras el juez Noberto Oyarbide investiga la de los 765 de pesos que administró Schoklender para el proyecto “Sueños Compartidos” hasta hace dos semanas, su colega Marcelo Martínez de Giorgi indaga si los funcionarios controlaron que el dinero no fuera desviado . Por lo pronto, Schoklender aumentó meteóricamente su patrimonio desde que empezó a trabajar con las Madres en el 2005.
En esta segunda causa, el de Planificación, Julio de Vido, y el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, están siendo investigados de supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Para tratar de despegarse del escándalo, el 6 de junio, De Vido mandó un changuito con documentación a Martínez de Giorgi con todas las obras financiadas por su cartera a las Madres. Lo hizo a través de su secretario de Legales, Rafael Llorens.
Dos días después en Diputados, Fatala también trató de despegar al Gobierno respecto de la falta de controles y fiscalización denunciada por los legisladores opositores.
“No tenemos trato directo con las Madres ”, afirmó, sino “con las jurisdicciones” municipales o provinciales donde se llevan adelante las obras, que arman proyectos con la Fundación.
Sin embargo, los contratos a los que accedió Clarín específicamente claramente que las obras tenían que tener un triple control.
Un ejemplo es la cláusula octava del “convenio único de colaboración y transferencia” firmado el 6 de enero del 2011 entre el propio Fatala y el gobernador del Chaco, el kirchnerista Jorge Capitanich, para la construcción del hospital Barranqueras en esa provincia.
La cláusula dice textualmente (ver facsímil ) que la subsecretaria de Fatala “se reserva la facultad de realizar la supervisión de la obra por medio del organismo que designe a para tal fin”. Este convenio también dice que la rendición de cuentas se hará de acuerdo a la resolución 267 del 2008 del ministerio de Planificación Federal .
Luego de la firma se ese convenio, la provincia firmó un convenio de ejecución de la obra con la Fundación.
El Chaco fue una de las provincias donde más obras inició Schoklender y donde también ya hay protestas en su contra .
El mismo mecanismo de triple control firmó un intendente del Gran Buenos Aires que habló con Clarín y pidió no ser identificado. “El municipio tiene que certificar el avance de la obra para permitir los pagos y el Instituto provincial de la Vivienda de la provincia y la Unidad Ejecutora del ministerio de Planificación deben supervisar los trabajos ”, aseguró.
El triple control se debe a que se trata de transferencias del gobierno nacional a las provincias o municipios que ejecutaba Schoklender sin los requisitos que establece la ley de administración financiera porque, argumentan en el gobierno, es el representante de una asociación sin fin de lucro .
Lo cierto es que no hubo controles efectivos . Schoklender, por ejemplo, contrató a su propia empresa Meldorek para entregar seis casas móviles a las Madres y manejó con discreción la relación con cientos de subcontratistas.
La ley estipula que para contratos de más de 100 mil pesos se debe llamar a una licitación pública, a menos de que se esté ante un caso de emergencia o catástrofe. Sin embargo, Schoklender adjudicó los contratos en forma directa.
En la causa que lleva, el juez Oyarbide -que tiene el expediente central por este escándalo- recibió del fiscal Jorge Di Lello un requerimiento donde, entre muchas medidas, le pide que consulte a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) qué auditorías hizo sobre el dinero transferido a provincias y municipios para pagar las viviendas de las Madres. En los despachos oficiales saben que de no haber existido control, la autoridades de la SIGEN también podrían estar en problemas.
Como no tuvo un mandato de parte del Congreso, tampoco investigó hasta ahora la Auditoría General de la Nación (AGN). Recién esta semana el titular de la AGN, Leandro Despouy, dijo que investigará la ruta del dinero del escándalo por pedido de la Justicia.
Pero, como en la mayoría de las causas, el hilo se corta por lo más delgado. Antes de avanzar sobre si hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público de Fatala y otros, la Justicia preguntará si la auditoría interna del ministerio de Planificación hizo alguna advertencia antes de la firma de estos convenios multimillonarios.
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