Por quiénes votarán seis millones de jubilados

Desde hace décadas, infructuosamente, los jubilados tratan de hacer oír su voz expresando justos reclamos, postergados o ignorados por los gobiernos de turno. A su vez, sumados a los achaques progresivos de la edad avanzada, ellos deben soportar en estos tiempos, como el resto de los argentinos, otras frecuentes y permanentes dificultades y problemas que los afectan: inseguridad personal y material, precariedad sanitaria, impedimentos de libre tránsito y, para peor, una inflación real -segunda en magnitud en América- que resta de sus magras prestaciones el sustento necesario para vivir dignamente, por cuanto el deterioro progresivo del poder de compra de sus ingresos los lleva -irremediablemente- al menoscabo de su calidad de vida y a la de los demás familiares que de ellos dependen. En un país normal y serio, esos perjuicios se interpretarían, en el particular caso de los retirados, como un castigo inmerecido, interpretación muy diferente del que hace habitualmente el hipócrita discurso oficial.

Esa pertinaz mentira llevada a cabo por el gobierno, tendiente a ocultar la interesada y cruel postergación a la que se los somete al no reconocerles sus derechos en el perentorio tiempo de vida que les queda, como también al apropiarse de los fondos previsionales aportados amparándose en una justicia lenta y desobedeciéndola cuando finalmente resuelve, hace que la percepción de esa infamia se traduzca en un angustioso desencanto y desesperanza.

A pesar de ello, las inquietudes de los pasivos no se limitan a atender exclusivamente sus intereses individuales, ya que, por medio de las organizaciones que los agrupan y representan, también se extienden a procurar medidas que apunten al interés general, exigiendo la preservación de los principios y valores republicanos, la consagración de un Estado de Derecho en el que rija plena seguridad jurídica y al fomento en la defensa de aquellos valores morales y éticos que fueron pilares en la educación y formación ciudadana que prestigió a generaciones pasadas, consustanciada principalmente en la cultura del trabajo.

Es público y notorio que dichos valores vienen siendo conculcados por gran parte de los políticos que lograron consagrarse como gobernantes, desvirtuando en la práctica las promesas demagógicas que formularon antes de asumir, transformándose luego en grises personajes mutantes que hacen de la función pública un medio de vida altamente redituable, prolongado frecuentemente a través de familiares y descendientes, casi todos siempre llevados por idénticas desmedidas ambiciones de poder y lucro, en lugar de pretender servir a la Patria.- De ahí su generalizado popular desprestigio.

En ese marco actual, la clase pasiva está llamada a reflexionar antes de emitir su voto, en el que seguramente pesará lo que anuncien y prometan los candidatos referente a la atención de sus reclamos, pero considerando también los otros problemas que afectan su calidad de vida y la de los demás argentinos que no viven expectantes del asistencialismo que pueda ofrecerles el Estado, como ser:

* la CORRUPCIÓN GENERALIZADA vigente en los cuadros del poder y el de sus amigos, tolerada y/o justificada por sus partidarios, militantes, seguidores favorecidos con dádivas o prebendas y por un número apreciable de ignorantes útiles;

* el ENGAÑO DESENFADADO utilizado como herramienta política usual, expuesta por quienes deberían ser y dar ejemplo de conducta para la ciudadanía, partiendo desde lo más alto del poder y siguiendo por los ministros, legisladores y funcionarios obsecuentes;

* el EGOÍSMO E INDIVIDUALISMO que predomina en los llamados líderes políticos, al sostener -como en estos momentos- posiciones personales que apuntan a satisfacer sus apetencias de poder por sobre los intereses supremos de la Nación, que son los de resguardar su futuro republicano, en momentos que afronta inminentes peligros de ser vulnerados.

* la CARENCIA DE UNA JUSTICIA RÁPIDA Y VALIENTE que imponga la ley por sobre presiones de cualquier naturaleza, ofreciendo a la ciudadanía las garantías fundamentales para que se sienta amparada por una auténtica seguridad jurídica;

* la DESIDIA DE GRAN PARTE DE LA POBLACIÓN no reaccionaria frente a esas aberraciones cívicas, traducida en una caracterización de la idiosincrasia argentina como si fuera una marca registrada;

* el ABANDONO Y DESCONOCIMIENTO DE LA CULTURA DEL TRABAJO, sea por parte de las autoridades del gobierno, como por la de los propios ciudadanos favorecidos por el asistencialismo del Estado que lo utiliza fundamentalmente para lograr meros objetivos electorales.

Muchos de esos preceptos generales -pero fundamentales para la vivencia en un país serio, democrático y republicano-, por su desconocimiento, fueron los rasgos prevalecientes en los actos de gobierno de las dos últimas administraciones.

Atento a ello, cabe la pregunta: ¿por quién votarán cerca de seis millones de jubilados y pensionados?

La respuesta más elemental para una primera aproximación sería por aquellos candidatos que les prometan restablecer el 82% móvil sobre las prestaciones mínimas y recomponer las escales superiores conforme los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese grupo y sin lugar a dudas, no figurarán quienes vayan a ser candidatos o candidatas del Frente para la Victoria, recordando que esa agrupación política fue precisamente la que se negó a aprobar la ley en el Parlamento y, ulteriormente, por medio de su principal representante, la señora Presidente, impúdicamente la vetó.

No obstante ello, a esa simple y lógica respuesta, cabría agregarle la reflexión que muchos jubilados se harán recordando lo que pensaba respecto del Sistema Previsional quién es hoy líder indiscutido del Justicialismo, figura tomada también para sí por el grupo político gobernante, pero relegada a un segundo plano por la aparatosa y exagerada exaltación del extinto presidente Néstor Kirchner.

Me refiero al presidente Juan Domingo Perón, cuya opinión fue formulada a través de la Cadena Nacional el 30 de noviembre de 1973.

“Nosotros comenzamos a estudiar estos problemas cuando todos nuestros viejos estaban abandonados. No quisimos hacer un sistema previsional estatal porque yo conocía y he visto ya en muchas partes que estos servicios no suelen ser ni eficientes, ni seguros, dejándolo al Estado libre de una obligación que siempre mal cumple. Es la experiencia que tengo en todas las partes donde estos sistemas los he conocido, que hay en varias partes.

Bien señores ¿Qué pasó después? En 1956 el Estado, acuciado quizás por la necesidad, echó mano a los capitales acumulados por las Cajas; es decir, se apropió de eso. Para mí eso es simplemente un robo, porque no era plata del Estado eso; era plata de la gente que había formado esas Sociedades y esas Organizaciones. Claro que las descapitalizaron. He visto un Decreto secreto por el cual les sacaron sesenta y cinco mil millones para auxiliar a los que no tenían nada que ver con las Cajas de Jubilaciones y Pensiones que nosotros habíamos dejado. Es decir señores que se las asaltó, fue un asalto.

Entonces, naturalmente que después de ese asalto, los pobre jubilados comenzaron a sufrir las consecuencias de una inflación que no pudo homologar ningún salario y ninguna jubilación. Y llegaron a… a, digamos, a cobrar en la proporción como poder adquisitivo de la desvalorización de esa moneda. Cuando nosotros dejamos el gobierno en el 55 el dólar estaba en el mercado libre a 14,50 y ahora estos pobres tenían que cobrar a razón de un peso..., es decir de un dólar de mil cuatrocientos pesos. Entonces era lógico señores, cualquiera hubiera sido el arreglo que se hiciera, esto no tenía arreglo. Lo que pasaba es que habían defaulteado a las Cajas, las habían asaltado a las Cajas y las Cajas, como todas las organizaciones económicas y financieras, tienen su límite, el límite está indicado por su capital. Una vez que le han sacado el capital es inútil que se pretenda buscarle soluciones de otra manera”.

Cotejemos esas expresiones con las falsedades contenidas en los discursos demagógicos de los dos últimos presidentes, sus ministros, legisladores y funcionarios que produjeron el desastre previsional más calamitoso del que se pueda imaginar en materia de Seguridad Social: la confiscación de los aportes voluntarios previsionales de más de 10 millones de afiliados.

Si dejáramos de lado momentáneamente cuestiones técnicas y demográficas, aceptando resignadamente las de índole ideológico que pretenden que el Estado administre los fondos previsionales, aún así nos encontraríamos con la manifiesta malversación de esos fondos, desde que no son aplicados para los fines que fueron establecidos, ni preservados para mantener intangiblemente su valor para atender las prestaciones de los futuros jubilados. Es decir, el Estado, representado por la actual administración, como dijo el General Perón, está estafando a los actuales trabajadores.

También será hora que recuerden que se les ha negado una auténtica ley de movilidad, tal como lo dispone la Constitución y los fallos de la Corte Suprema de Justicia, suplantándola artificiosamente mediante la aplicación de una fórmula -que es un verdadero galimatías- que otorga recomposiciones muy por debajo de los índices actuales de inflación.

Y finalmente, cuando por única vez el Congreso consiguió dictar una ley que atenúa parcialmente esas injusticias e irregularidades, como fue la del 82% sobre la mínima y actualización de las escales, la Presidente se dio el lujo de vetarla sin que le tiemble el pulso. Esa perversa decisión, motivada fundamentalmente en la necesidad de contar con los fondos previsionales para financiar al gobierno en sus fines electorales, debería ser suficiente causa para que los millones de jubilados y pensionados perjudicados manifiesten su protesta mediante el voto a emitir en las próximas elecciones presidenciales.

* Asesor de AAJA - Asociación Argentina de Jubilados Aportantes.